| Condenan a dos años, por usura, a una escribana y un prestamista |
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Además deberán pagar 37 mil pesos por daños morales al jubilado Juan Royano, víctima de usura, quien en 1998 pidió un préstamo de 4 mil pesos y, pese a que devolvió casi el triple de ese monto, le hicieron firmar tres hipotecas.
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El Tribunal de la Cámara 4 del Crimen condenó este mediodía a la escribana Estela María Plaza y al prestamista Alfredo Flores Torres, a dos años de prisión condicional por el delito de usura y falsedad ideológica de instrumento público contra un jubilado.
También se los condenó al pago de 37 mil pesos por daños morales al jubilado Juan Martín Royano, victima de la usura, quien en agosto de 1998 pidió un préstamo de 4 mil pesos y, pese a que devolvió casi el triple de ese monto, le hicieron firmar tres hipotecas.
El fallo judicial también inhabilitó a la escribana Estela María Plaza a ejercer por cuatro años su profesión. Además del pago de una multa de 15 mil pesos que será percibida por el Estado. Idéntica multa se aplicó al condenado prestamista.
Hasta el año 2012 los condenados deben presentarse una vez cada seis meses para constituir domicilio y no perder la prisión condicional.
"Se hizo Justicia y pude salvar mi casa", dijo Juan Martín Royano a los medios presentes.
Se trata del segundo juicio oral y público por el delito de usura, pero es la primera vez que una profesional es condenada. El primer caso ocurrió a principios de año cuando un prestamista fue condenado a 4 meses de prisión condicional.
Royano fue obligado a firmar tres hipotecas y estaba a punto de perder su vivienda cuando presentó la denuncia ante la Justicia por entender que había sido víctima de una estafa. El fiscal de Cámara, Pablo Mariño, había solicitado para los imputados la pena de tres años de prisión condicional y una multa de 20 mil pesos a cada uno, además de la inhabilitación de la escribana Estela Plaza por el doble de la condena.
Por su parte, los defensores, quienes anunciaron que apelarán el fallo conocido hoy, habían solicitado la absolución de los imputados por el beneficio de la duda.
Durante el proceso, para el tribunal integrado por los camaristas Carlos Pucheta, Roberto Lezcano y Abel Fleming quedó demostrado que los condenados aplicaron intereses usurarios que sobrepasaban el 50 por ciento de los montos que cobraban los bancos en la época en que fue tomado el préstamo.
El resto del dinero correspondía al pago de comisiones y a los honorarios de la escribana actuante.
Pese a devolver los montos acordados, Royano fue obligado a firmar tres hipotecas, las cuales fueron anuladas hoy por el tribunal actuante.
Fuente: El Tribuno
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